Crimen de Alejandro Correa: Cómo se gestó el asesinato y que pasa hoy con la toma en Quilpué

La mañana del 18 de mayo de 2020, Alejandro Correa Uribe salió de su casa en Concón sin imaginar que esperaban para matarlo. Un sicario se acercó, disparó y huyó. El empresario de 60 años, dueño de un extenso terreno en el sector Calicheros de Quilpué, cayó abatido en un crimen que sacudió la Región de Valparaíso y que, con el tiempo, se reveló como un asesinato por encargo motivado por la disputa el terreno. 

El conflicto por la tierra 

El predio de Correa había sido ocupado años antes por familias que levantaron viviendas irregulares en lo que se conoce como la toma Calicheros. El empresario denunció hostigamiento y había interpuesto acciones legales para recuperar su terreno. Pocos días antes de su muerte, había reiterado esas denuncias, apuntando a quienes consideraba responsables de la usurpación. 

Fue en ese contexto que apareció el nombre de Renato López, vecino del sector, identificado como el autor intelectual  del crimen. López ofreció cerca de cinco millones de pesos para contratar a un sicario colombiano, Víctor Gutiérrez Londoño, quien finalmente acabó con la vida del empresario. En el incidente también participó Claudio Riveros, quien trasladó al autor material hasta la casa de Correa.  

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Más tarde, la investigación del Ministerio Público permitió reconstruir el paso a paso de cómo se fraguó el homicidio. Así, en marzo de 2022, el Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar condenó a los responsables: Víctor Gutiérrez, sicario y autor material, recibió 28 años de cárcel; Renato López, autor intelectual, fue sentenciado a 20 años de prisión; y Claudio Riveros, cómplice en el transporte y la logística, fue condenado a 16 años. 

La batalla por el terreno 

Aunque los culpables del asesinato del empresario están tras las rejas, la historia no terminó ahí. El terreno en Quilpué siguió ocupado por decenas de familias. Frente a eso, la familia Correa inició una larga lucha legal para lograr su restitución, logrando que en 2024 la Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenara la demolición de las construcciones ilegales. 

Sin embargo, la medida tardó meses en concretarse, trayendo una serie de críticas por parte de la familia del fallecido propietario hacia el Ministerio de Vivienda por su lentitud. Mientras tanto, los residentes de la toma se organizaron para resistir, alegando su derecho a la vivienda y denunciando que no se les ofrecieron alternativas dignas. 

El drama actual por masivo desalojo

Ahora, tras cinco años después del asesinato del dueño de la toma en Quilpué, la historia dio un nuevo giro. En septiembre de 2025, el Minvu adjudicó la demolición de la toma por $131 millones de pesos a la empresa Río Grande SpA.

Y fue durante la jornada del recién pasado lunes 29 de septiembre que comenzaron los trabajos de demolición. El operativo, en el que se desalojaron entre 130 y 150 familias, incluyó la presencia de Carabineros, PDI, Migraciones y equipos municipales. 

Hasta ahora, el desalojo se ha desarrollado en relativa calma, aunque persisten las críticas de los pobladores por la falta de soluciones habitacionales. Por otro lado, el terreno será restituido a la familia Correa, cerrando así un ciclo marcado por la violencia, juicios y dolor. 

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