¡Insisten en su inocencia! Defensa de Claudio Orrego respondió a solicitud de desafuero por Caso ProCultura

Este miércoles, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, solicitó el desafuero del gobernador metropolitano, Claudio Orrego. La petición surge en el marco del caso ProCultura, luego de que el ex DC diera luz verde a un convenio directo con la ONG de Alberto Larraín, por un monto superior a $1.600 millones.

La justicia, a través de su solicitud, busca retirar la inmunidad asociada al cargo, con el fin de posibilitar posibles acciones penales en su contra. De ser aprobada, la Fiscalía tendría la facultad de iniciar formalmente la investigación y solicitar las medidas cautelares que estime pertinentes, basándose en los antecedentes que presente ante el tribunal correspondiente.

Recordemos que el caso ProCultura examina los acuerdos firmados entre entidades públicas y la mencionada fundación/ONG, así como la manera en que se autorizaron y gestionaron los fondos correspondientes. En lo que respecta a la Región Metropolitana, la investigación se centra en un millonario convenio directo aprobado por la autoridad regional.

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Tras la presentación, el tribunal deberá admitir el caso, notificar a la defensa y fijar la audiencia que definirá si procede o no el desafuero. Mientras ese proceso se desarrolla, Orrego conserva la presunción de inocencia y sigue contando con todos los derechos que le otorga la ley dentro del procedimiento.

¿Cómo respondió la defensa de Claudio Orrego? 

Sobre la solicitud, Rodrigo de la Barra, abogado defensor de Orrego, señaló en un comunicado que el gobernador “declaró voluntariamente ante el Fiscal Cooper en diciembre de 2024″.

En ese contexto, la defensa aseguró haber entregado toda la documentación vinculada a los programas gestionados y ejecutados por la fundación, así como las medidas adoptadas por el Gobierno Regional para resguardar y recuperar los recursos públicos asignados.

La defensa de Claudio Orrego confía en que, una vez que tengan acceso al contenido de la solicitud de fiscalía y se analicen los antecedentes, “quedará jurídicamente acreditado que la actuación del Gobernador ha sido ajustada a derecho y en resguardo del interés público”.