¡A casi un siglo de los hechos! Exagente de la DINA acusada por desapariciones queda a un paso de ser extraditada a Chile

Durante años, Adriana Rivas vivió en un suburbio de Sídney como una vecina más. Trabajó como niñera, caminó por las calles de Bondi y mantuvo una vida discreta, lejos de Chile y de los crímenes que la justicia chilena le atribuye desde hace décadas. Pero este martes, en Australia, esa distancia comenzó a acortarse.

De acuerdo con lo informado por El País, El Tribunal Federal australiano rechazó el último recurso presentado por la exagente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), dejando despejado el camino para su extradición a Chile. La decisión representa uno de los avances más significativos en un proceso judicial que se arrastra desde hace años y que busca llevarla ante los tribunales chilenos por la desaparición de siete opositores al régimen militar del dictador Augusto Pinochet en 1976.

Rivas, hoy de 72 años, fue secretaria personal de Manuel Contreras, el exdirector de la DINA, y según las investigaciones judiciales también integró la brigada Lautaro, uno de los grupos operativos de la policía secreta de la dictadura. De acuerdo con un reportaje publicado por The Clinic en 2020, su nombre aparece vinculado al cuartel Simón Bolívar y a la desaparición de siete militantes del Partido Comunista.

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En concreto, Chile la acusa de haber participado en los secuestros y desapariciones de Víctor Díaz López, Reinalda Pereira Plaza, Fernando Ortiz Letelier, Mario Superby Jeldres, Waldo Pizarro Meniconi, Sergio Salinas Chávez y Orlando García Vásquez. Todos fueron detenidos en 1976 y trasladados al cuartel Simón Bolívar, uno de los principales centros de tortura y exterminio de la DINA. Ninguno volvió a aparecer.

Tribunal australiano desestimó argumentos de la defensa

La defensa de Rivas intentó frenar la extradición argumentando que existía un problema jurídico de fondo. Según detalló The Guardian, los abogados de la exagente sostuvieron ante la justicia australiana que Chile solicitaba su entrega por secuestro agravado, pero que eventualmente podría terminar siendo procesada por crímenes de lesa humanidad, una figura distinta y más amplia.

En su resolución, el juez Michael Lee concluyó que la solicitud chilena ha sido consistente desde el inicio y que los cargos corresponden exclusivamente a siete casos de secuestro agravado. En ese sentido, el magistrado señaló que no existían antecedentes para pensar que Rivas sería juzgada por un delito distinto al descrito en la petición de extradición, señaló ABC News Australia.

Con esta decisión, la ex agente de la DINA quedó en una posición judicial límite. Si bien, aún puede intentar una última apelación ante el pleno del Tribunal Federal australiano, dispone de un plazo de 28 días para hacerlo, reportó News.com.au. Asimismo, el citado medio indicó que, si la apelación no prospera, el gobierno australiano quedará habilitado para concretar la entrega de Adriana Rivas a Chile.

El caso de casi medio siglo 

La historia de Adriana Rivas ha estado marcada por contradicciones. En entrevistas televisivas concedidas hace más de una década, admitió haber trabajado junto a Manuel Contreras y reconoció que en la DINA “había que eliminar” a quienes eran considerados enemigos del régimen. Sin embargo, siempre ha negado haber participado directamente en secuestros, torturas o desapariciones.

Por otro lado, su caso adquirió notoriedad internacional después del documental El pacto de Adriana, dirigido por su sobrina, Lissette Orozco. La cinta, estrenada en 2017 y exhibida en distintos festivales internacionales, reconstruye el vínculo entre ambas y el impacto que tuvo en la familia conocer las acusaciones contra Rivas. La película muestra la fractura familiar que produjo el descubrimiento del pasado de Rivas y el choque entre la imagen de una tía cercana y las acusaciones que pesan en su contra.

Cabe recordar, que la exagente de la policía secreta fue detenida en Australia en 2019, después de que Chile reactivara su solicitud de extradición. Desde entonces, ha permanecido bajo arresto mientras sus abogados agotaban distintas instancias judiciales para impedir su regreso. 

Ahora, casi medio siglo después de la desaparición de las víctimas, la resolución de este martes acerca la posibilidad de que Adriana Rivas enfrente a la justicia chilena. Si bien, para las familias de los detenidos desaparecidos, el fallo no cierra una historia, sí rompe —al menos parcialmente— una larga espera.

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