Decisión del Gobierno reabre el debate: Importante proyecto cultural volvería a foja cero tras ocho años de espera

La segunda fase del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) quedó detenida luego de que el Gobierno optara por poner fin de manera anticipada al contrato. La decisión frena un proyecto que pretendía retomar una obra emblemática para el desarrollo cultural de Chile, la cual se mantenía inconclusa desde hace ocho años.

Cabe recordar, que el consorcio Moller DVC había quedado a cargo de retomar las obras tras la interrupción provocada por la insolvencia de la compañía española ECISA en 2018. Sin embargo, ahora la empresa recibió el aviso de paralización del trabajo por parte del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

De acuerdo con lo revelado por Santiago Adicto, la magna iniciativa —que se había mantenido en el limbo a raíz de una serie de trámites que se extendieron por casi una década— ahora vuelve a estar en jaque por la reciente decisión gubernamental.

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Proyecto inconcluso abre debate por decisión del Ejecutivo

El proceso recién se había concretado tras la validación de la Contraloría General de la República el 22 de enero, que dio luz verde a la adjudicación. Semanas después, a inicios de marzo, se comunicó el reinicio de los trabajos, con un presupuesto que superaba los $114 mil millones y un plazo cercano a los 750 días para su ejecución.

Dentro de las obras proyectadas se incluía una expansión de aproximadamente 16 mil metros cuadrados, junto con la creación de un espacio escénico versátil de alto estándar, capaz de albergar a más de 1.600 personas. A ello se sumaba la incorporación de equipamiento técnico avanzado en sonido, montaje escénico y plataformas audiovisuales.

Desde un comienzo, el proyecto en el GAM enfrentó trabas y definiciones poco consistentes por parte del Ejecutivo, un contexto que terminó por desencadenar la decisión de cancelar el contrato unilateralmente.

Ahora, el cierre administrativo del contrato aún debe concretarse: el Ministerio de Obras Públicas tiene hasta 45 días para oficializar la medida y establecer el pago que correspondería al consorcio. Proyecciones citadas por el mencionado portal sitúan esa eventual compensación en torno a los $4.000 millones, un monto que podría reabrir el debate sobre el impacto fiscal de decisiones adoptadas cuando la iniciativa ya estaba en marcha.

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