Joaquín Lavín León contraataca: Defensa del exdiputado escala conflicto judicial y acusa irregularidades del juez

Para intentar salir de la cárcel, el exdiputado Joaquín Lavín León presentó una acción judicial ante la Corte de Apelaciones de Santiago, buscando que se deje sin efecto su prisión preventiva. Recordemos que el proceso en su contra incluye acusaciones por fraude al fisco, tráfico de influencias y uso de documentación mercantil adulterada.

Según informó Meganoticias, la presentación fue impulsada por el defensor Cristóbal Bonacic y cuestiona directamente la actuación del juez Daniel Urrutia. En el escrito se sostiene que la resolución que dispuso el ingreso del otrora congresista al anexo Capitán Yáber carecería —según la defensa— de sustento legal y sería de carácter arbitrario.

A lo largo del recurso —de 66 páginas—, la defensa cuestiona que el juez Urrutia habría incorporado elementos ajenos al marco fijado por el desafuero aprobado por la Corte Suprema. También se sostiene que, en la formalización, se introdujeron antecedentes no considerados inicialmente, como documentos tributarios, nuevos hechos y enfoques penales distintos a los que dieron origen a la indagatoria. 

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Acusan presunto “calco” en el fallo 

Dentro de los cuestionamientos planteados, la defensa de Lavín León también pone en duda la independencia del razonamiento judicial, al advertir una marcada similitud entre la resolución y lo expuesto por la Fiscalía Oriente en la audiencia. 

Según el recurso —citado por el medio—, el fallo no solo coincide en contenido, sino que incluso incluiría pasajes copiados de la presentación del Ministerio Público, lo que, a juicio de los abogados, refuerza sus reparos sobre la forma en que se adoptó la decisión.

El recurso incluye, además, objeciones al modo en que el magistrado fundamentó la medida más severa, poniendo el acento en el tono de su argumentación. La defensa considera impropio que el magistrado haya caracterizado la causa como un fenómeno de gran escala, utilizando conceptos como “macrocriminalidad” y sugiriendo que lo investigado tendría efectos sobre el funcionamiento mismo del sistema democrático.

En el recurso, el abogado Cristóbal Bonacic sostiene que el tribunal habría incorporado en su análisis hechos ajenos a la formalización del ex legislador, aludiendo incluso a posibles delitos electorales, cohecho y contrataciones irregulares que no forman parte de los cargos imputados. 

Tras revisar la presentación judicial, el tribunal de alzada decidió darle curso y solicitó al Séptimo Juzgado de Garantía que entregue, dentro de un plazo de 24 horas, antecedentes respecto de las objeciones planteadas por los abogados defensores.

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