Millonarios pagos por supuestos despidos: Grave denuncia remece a importante corporación municipal de Buin

Recientemente, la Fiscalía abrió una investigación en la comuna de Buin tras una denuncia que acusa indemnizaciones por cerca de $144 millones a directivos que habrían sido desvinculados solo en el papel. En tanto, desde el municipio aseguran que se encuentran recopilando antecedentes.

Una acusación por presuntas irregularidades administrativas encendió las alertas en Buin y ya se encuentra en manos del Ministerio Público. El concejal Diego Calderón acusó un eventual mecanismo al interior de la Corporación de Desarrollo Social que habría permitido el pago de millonarias indemnizaciones a funcionarios que, según expuso, nunca dejaron efectivamente sus cargos.

De acuerdo con los antecedentes difundidos por BiobioChile, al menos seis directivos habrían sido formalmente despedidos y recontratados de manera inmediata, sin interrupción real en sus funciones. Pese a ello, habrían recibido compensaciones económicas que, en conjunto, alcanzarían cerca de $144 millones.

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“Resulta que seis directivos de la corporación, incluida su secretaria general, tenían una mala práctica. Se despedían, se pagaban millonarias indemnizaciones o por concepto de finiquito y luego se recontrataban el día siguiente”, acusó Calderón. 

Según relató el concejal, durante cerca de cuatro meses insistió en obtener antecedentes, dirigiendo sus solicitudes tanto al alcalde Miguel Araya como a la corporación involucrada. Sin embargo, la información requerida no habría sido proporcionada dentro de los plazos correspondientes en una primera instancia. 

Grave denuncia pone bajo la lupa a corporación 

El concejal aseguró que, desde enero en adelante, las gestiones para acceder a los antecedentes no prosperaron, apuntando a que tanto el alcalde como el administrador de la corporación municipal optaron por no entregarlos y supeditar cualquier respuesta a lo que eventualmente resolviera la Contraloría.

Al final, el acceso a esos documentos se concretó recién el 9 de abril, cuando el Calderón logró revisar las copias de los finiquitos correspondientes a seis altos cargos de la Corporación de Desarrollo Social. De acuerdo con la denuncia, estos antecedentes darían cuenta de “un patrón reiterado y uniforme de término de contrato sin interrupción real de funciones, con pago de cuantiosas indemnizaciones“.

El documento expone distintos montos asociados a las desvinculaciones. En el caso de la secretaria general, se consignan tres finiquitos que en conjunto superan los $51 millones. Otro de los directivos figura con más de $34 millones por término de contrato, además de aproximadamente $13 millones adicionales correspondientes a pagos mediante boletas de honorarios. A su vez, en los cuatro casos restantes también se registran compensaciones por salida, con cifras diferenciadas entre sí que van desde los $10 millones hasta cerca de $18 millones.

Sumando estos antecedentes, la cifra observada alcanza los $143.875.696 considerando tanto indemnizaciones como pagos vía boletas de honorarios. Al respecto, tras ser consultados por el citado medio, desde la Municipalidad de Buin optaron por guardar silencio. 

La denuncia ingresada por Calderón ante la Fiscalía incluye posibles figuras penales como fraude al fisco, malversación de caudales públicos y negociación incompatible. Sin embargo, hasta ahora no existen personas formalizadas y la causa se encuentra en etapa inicial.

¿Cómo reaccionaron desde el municipio de Buin? 

Desde la administración comunal, encabezada por Miguel Araya, se informó que se solicitó un levantamiento de antecedentes para esclarecer lo ocurrido. Según lo consignado por BiobioChile, el edil indicó que, una vez reunida la información, no se descarta adoptar medidas administrativas o remitir nuevos antecedentes al Ministerio Público.

Hasta el momento, no se ha informado que el jefe comunal esté siendo investigado en esta causa, ni se ha establecido públicamente si tenía conocimiento previo de los hechos denunciados.

Cabe destacar, que la mencionada Corporación de Desarrollo Social de Buin —ahora bajo la lupa— administra áreas sensibles como educación y salud municipal, lo que otorga especial relevancia al uso de sus recursos. Debido a su naturaleza jurídica —entidad de derecho privado que ejecuta funciones públicas—, sus procedimientos administrativos pueden ser objeto de cuestionamientos y fiscalización cuando involucran fondos públicos.

Investigación en curso

Ahora, el foco de la investigación estará en determinar si los despidos fueron efectivos o si se trató de desvinculaciones solo formales que permitieron el pago de indemnizaciones sin que existiera un término real de funciones. Esa distinción será determinante para establecer eventuales responsabilidades. Por ahora, según detalló el mencionado portal, el caso sigue en desarrollo y a la espera de las diligencias que lleve adelante la Fiscalía.

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