Contaban con jugoso sueldo: Revelan nombres de los torturadores de trabajador TEA de Osorno

Una profunda conmoción nacional provocó el caso de “Camilo”, un trabajador diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA), quien sufrió graves abusos al interior del Hospital Base de Osorno. Imágenes y grabaciones dieron cuenta de agresiones físicas, sofocamientos, quemaduras y tratos vejatorios, ocurridos entre 2018 y 2022.

La situación derivó en denuncias y en la apertura de un sumario interno que finalizó sin aplicar castigos. A pesar de la seriedad de lo ocurrido, los implicados conservaron sus cargos dentro del hospital, permaneciendo en calidad de “suspendidos” y percibiendo la totalidad de sus remuneraciones hasta julio de 2025.

La exposición mediática y el impacto de las pruebas divulgadas llevaron a reabrir el caso. De acuerdo con lo informado por Radio Biobío, el Ministerio de Salud resolvió finalmente la expulsión permanente de los trabajadores implicados.

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¿Quienes son los agresores? 

Recientemente también salieron a la luz los nombres de los abusadores: Rodrigo Reyes Melo, exjefe de informática del hospital, Jairo Báez Huaiquián, Erardo Gallardo Alarcón y Jhonatan Navarro Guerrero. Los 4 sujetos fueron identificados en registros donde Camilo los acusa de agresiones físicas, sujeción forzada y asfixia.

Registros internos del recinto hospitalario muestran que tres de los implicados continuaron recibiendo sueldos brutos por encima de $1.800.000 hasta julio. Uno de ellos incluso superaba los $2.300.000 mensuales, desempeñando labores de carácter administrativo.

Junto a las agresiones contra el trabajador TEA captadas en video, se sumó una acusación contra Jairo Báez por haber fracturado un dedo de la víctima en 2020 mientras cumplía funciones en el hospital, hecho que originó una causa penal por lesiones.

En tanto, el director subrogante del recinto, Julio Vargas, declaró hace semanas que existían sanciones en curso, aunque no reveló los nombres de los acusados. Hoy la cartera de Salud confirmó que la desvinculación es total e irrevocable.

Así, se da término a una prolongada etapa sin sanciones, ofreciendo una señal que llega con retraso ante uno de los abusos laborales más serios registrados en la salud pública chilena.