Tras acusación constitucional: La explicación de exministro Pardow tras condoro con cobros excesivos de luz

Con un extenso informe de 121 páginas, el exministro de Energía, Diego Pardow, respondió a la acusación constitucional en su contra. Los diputados opositores lo acusan de tener responsabilidad política en el fallo técnico que habría derivado en un doble cobro a los usuarios del sistema eléctrico.

Pese a que el presidente Gabriel Boric le había pedido la renuncia tras estallar el caso, la oposición resolvió seguir adelante con la acusación. La decisión se mantuvo luego de que Transelec informara que, en octubre de 2024, había alertado sobre un posible error en la valorización de sus activos.

En su contenido, el documento contempla dos ejes: uno enfocado en la supuesta negligencia del exministro durante el proceso de cálculo tarifario, y otro que le reprocha no haber transparentado la advertencia empresarial. 

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¿Cómo se defendió Pardow?

El exministro defendió su actuar señalando que la alerta de Transelec no tenía respaldo suficiente para ser comunicada y que su difusión habría causado alarma pública sin fundamentos. En su respuesta—revelada por La Tercera— subrayó además que la normativa vigente le impedía intervenir en los procesos técnicos de la Comisión Nacional de Energía.

“Ante la falta de información cierta disponible, tan solo sabiendo que existían inconsistencias (alertadas por Transelec en 2024), pero sin claridad sobre la magnitud del error, su comunicación pública en esta temprana etapa del procedimiento se traducía en introducir alarma en la ciudadanía, sin un objeto determinado y, dado lo señalado previamente, ahí sí se podría haber comprometido el interés nacional”, señaló la ex autoridad en el documento.

Pardow respondió además a las dudas surgidas por su gira a China en marzo de este año, calificando las acusaciones como “carentes de sustento jurídico”. Subrayó que su agenda oficial no guardó relación alguna con la compañía China Southern Power Grid, dueña de una parte de Transelec.

El otrora secretario de Estado solicitó también que se admitiera la cuestión previa, asegurando que el libelo contiene acusaciones vagas y sin respaldo constitucional. En su defensa, advirtió que una eventual condena le impediría desempeñar funciones públicas durante cinco años y pondría en riesgo su labor académica en la Universidad de Chile.

Bajo la presidencia del diputado Jaime Mulet (FREVS), la comisión encargada de examinar la acusación constitucional tendrá seis días para evaluar los antecedentes entregados por la defensa, previo a que la sala de la Cámara decida si aprueba o rechaza el documento.