¡Hasta $20 mil por un dato! El negocio ilegal con una red de tráfico de armas que hundió a una carabinera

El acceso irregular a información reservada quedó en el centro de una indagatoria que involucra a una carabinera. De acuerdo con los antecedentes, la uniformada habría entregado esos datos reservados a una red criminal dedicada al comercio ilegal de armamento.

Bajo el marco de la indagatoria conocida como "Operación 3D" —que reúne a más de 50 imputados— se incluyó a la carabinera, además de un soldado conscripto del Ejército, por su presunta vinculación con los hechos.

Según lo informado por T13, la cabo, quien llevaba 11 años en Carabineros y cumplía funciones en una unidad policial de Ñuñoa, habría aprovechado sus accesos institucionales para consultar registros reservados. Esos datos, de acuerdo con la indagatoria, terminarían en manos de miembros de una banda vinculada a la causa.

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De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, la funcionaria habría sido contactada por miembros de la organización para realizar consultas específicas sobre terceros. Entre los episodios incluidos en la investigación figura el caso de un imputado que habría solicitado antecedentes para ubicar a una persona que, según su versión, lo habría engañado en una transacción comercial.

¿Cómo descubrieron a la carabinera? 

En ese contexto, uno de los integrantes de la organización habría señalado que contaba con una vía para acceder a esos antecedentes mediante una funcionaria de Carabineros con quien ya habría realizado gestiones similares.

Entre los indagatorias recopiladas por el Ministerio Público figura una presunta modalidad de cobros asociados a la entrega de información reservada. La investigación sostiene que la carabinera habría recibido montos individuales por cada consulta realizada, acumulando más de $350 mil desde fines de 2024, situación que actualmente es examinada por la posible existencia de cohecho.

Más adelante, el caso incorporó antecedentes obtenidos desde plataformas digitales ocupadas por la banda, luego de que un detective de la PDI encubierto lograra integrarse a sus espacios de comunicación en Telegram. En esos registros apareció un usuario que, bajo el nombre de "Hampa", aseguraba contar con una fuente dentro de Carabineros capaz de proporcionar información de carácter policial.

Al final, la Fiscalía logró reunir nuevos elementos durante una de las diligencias del caso, luego de detectar una transferencia de $9 mil vinculada a la solicitud de antecedentes personales. Los investigadores sostienen que este episodio permitió reconstruir la forma en que la cabo habría utilizado sus accesos institucionales para proporcionar datos reservados a terceros mediante pagos. 

Tras la recopilación de los antecedentes que forman parte de la investigación, la uniformada quedó bajo arresto mientras desarrollaba su jornada laboral en la 18ª Comisaría de Ñuñoa. La captura fue realizada por la Policía de Investigaciones con colaboración del equipo de Asuntos Internos de Carabineros, en un procedimiento efectuado el 16 de julio.

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