"Deseos de venganza": Proyecto de Pamela Jiles sobre dieta de expresidentes genera tensas reacciones

La comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la idea de legislar sobre la regulación de la dieta que reciben los expresidentes. La iniciativa, que avanza tras años de debate, se basa en una serie de más de diez proyectos presentados por distintos parlamentarios, siendo el de la diputada Pamela Jiles el que terminó imponiéndose como base de la propuesta.

Según informó La Tercera, la moción fue aprobada con ocho votos a favor, cinco abstenciones y ninguno en contra. Previo a la votación, Pamela Jiles realizó gestiones para asegurar el respaldo a su iniciativa, que originalmente buscaba abordar la dieta de los exmandatarios a través de la Ley de Presupuestos del Estado.

¿Qué reacciones generó el proyecto de Jiles?

Aunque logró su cometido, la propuesta no estuvo exenta de críticas. El diputado Leonardo Soto (PS) cuestionó el proyecto por considerar que su aplicación sería limitada. “Es cuestionable, porque solo se aplicaría al futuro expresidente Gabriel Boric”, señaló. Y añadió: “No hay nada que me moleste más que legislar para satisfacer deseos de venganza o de desquite”.

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Por su parte, diputados del Frente Amplio votaron a favor de la propuesta, pese a no compartir plenamente su contenido, con el objetivo de permitir que la discusión continúe en la Sala. Desde la UDI, el diputado Gustavo Benavente también expresó reparos, calificando el proyecto como “inconsistente”. “Su título no guarda relación con los artículos que contiene. Ni siquiera trata propiamente sobre la dieta de los expresidentes”, reclamó.

El proyecto de Jiles plantea reemplazar tres incisos de la Constitución que regulan los beneficios para exmandatarios. Entre los cambios propuestos, se establece que la pensión vitalicia solo se otorgue a expresidentes a partir de los 70 años en el caso de las mujeres, y 75 en el caso de los hombres. Además, quedarían excluidos quienes hayan llegado al cargo por vacancia, hayan sido condenados en un juicio político o perciban remuneraciones con cargo a fondos públicos.

Pese a esta primera aprobación, los 11 proyectos relacionados con la materia deberán ser refundidos en un solo texto, que posteriormente podrá ser discutido en la Sala de la Cámara.

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