Se cae el blindaje parlamentario: Joaquín Lavín Jr. pierde el fuero y queda expuesto a la formalización penal

El diputado Joaquín Lavín Jr., quien se mantiene bajo investigación por presuntos delitos de uso de recursos públicos y falsificación de documentos, sufrió un revés judicial luego de que la Corte Suprema ratificara su desafuero durante la jornada de este lunes. 

Luego de comprobarse responsabilidades por fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de documentos comerciales, se ratificó el levantamiento de su fuero parlamentario. A partir de esa decisión, la Fiscalía queda en condiciones de imputar formalmente al legislador y evaluar la petición de medidas cautelares. En paralelo, quedaron fuera de la causa los cargos por eventuales delitos tributarios.

Según informó T13, tras la ratificación, desde el Ministerio Público sentenciaron: "Los hechos son de suma gravedad, estamos hablando de alta corrupción, estamos hablando de fraude al fisco por asignación parlamentaria superior a los 104 millones de pesos".

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Cabe destacar, que durante el período en que Cathy Barriga ejercía como alcaldesa de Maipú, su esposo, Joaquín Lavín León, quedó en la mira de la justicia. Se le atribuye una eventual vinculación con la utilización de documentos tributarios falsificados y con otras anomalías administrativas detectadas en la gestión municipal.

¿Qué dijo la defensa de Joaquín Lavín? 

Luego de confirmarse el desafuero, el defensor de Lavín Jr., Cristóbal Bonacic, reaccionó públicamente. "Si el Ministerio Público quiere formalizar, está en su legítimo derecho, pero, obviamente, va a dar cuenta de una investigación desprolija, inacabada, donde existen una serie de diligencias de investigación que nuestra parte viene reclamando desde mayo del año pasado y que, si se hubieran hecho oportunamente, este desafuero no habría tenido lugar", afirmó, según el citado medio. 

Dentro de ese marco, la defensa recalcó: "La solicitud de desafuero en ningún caso implica asumir responsabilidades; es más, ni siquiera implica para la imposición de alguna medida cautelar. Simplemente apunta a la existencia de antecedentes mínimos que justifiquen una investigación”.

“Tanto es así que la Corte Suprema determinó que no había ningún antecedente por mínimo para poder desarrollar una investigación por delito tributario, que fue imputado a último minuto. Eso da cuenta de la artificialidad de la imputación", cerró el jurista. 

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