Fallos judiciales contradicen a Rabat y revelan que sí podía frenar las rebajas de condenas

Quince recursos de amparo tramitados durante 2026, que fueron recientemente analizados, terminaron por zanjar el debate sobre las atribuciones del Ministerio de Justicia en la liberación anticipada de condenados por delitos sexuales contra menores. Las resoluciones de distintos tribunales de alzada establecieron que la cartera sí tenía facultades exclusivas para frenar esos beneficios, contradiciendo su principal argumento ante la polémica.

Un reportaje de CIPER Chile identificó que 13 de los 15 fallos revisados contradicen la explicación entregada por el ministro Fernando Rabat, quien había sostenido que debía aprobar las rebajas de condena cuando las comisiones técnicas recomendaran concederlas, argumentando que la ley no le dejaba margen para rechazarlas.

La controversia llegó a los tribunales luego de que internos recurrieron contra el retraso del Gobierno en responder sus solicitudes de rebaja de condena. Sin embargo, al revisar los amparos, distintas Cortes de Apelaciones establecieron que la resolución definitiva correspondía al Ministerio de Justicia, descartando que su intervención se limitara a un trámite automático.

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Atribuciones legales de la cartera de Justicia

De acuerdo con el citado medio, los fallos identifican a la susodicha cartera como la autoridad administrativa responsable de resolver estas solicitudes. En uno de ellos, la Corte ordenó al ministerio “emitir el pronunciamiento que le compete, en virtud del procedimiento previsto en la Ley Nro. 19.856”, reconociendo así que tenía la facultad de decidir si concedía o rechazaba las rebajas.

Uno de los casos que se apartó de ese criterio ocurrió a mediados de julio, cuando la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó liberar a dos condenados. La decisión, adoptada por unanimidad, se tomó pese a que las solicitudes aún estaban pendientes de resolución administrativa en Santiago, aunque ambos contaban con el visto bueno previo de la comisión.

Así, la controversia por las rebajas de condena llegó hasta el máximo tribunal, donde varios magistrados revisaron sus posturas sobre la aplicación de la normativa. Los nuevos criterios apuntan a que la decisión de conceder o rechazar estos beneficios es una atribución exclusiva del Gobierno, en un escenario que suma cuestionamientos a la conducción del Ministerio de Justicia.

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