De los fondos del Ejército al bolsillo: La trama por lavado de activos que terminó con la condena de excomandante Izurieta

Una trama de pagos en efectivo financiados con recursos destinados a la seguridad nacional terminó con una condena contra el excomandante en jefe del Ejército, Óscar Izurieta. El Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago lo declaró culpable de dos delitos consumados de lavado de activos, luego de establecer que recibió dinero proveniente de gastos reservados de la institución y realizó distintas operaciones para incorporarlo a su patrimonio y ocultar su procedencia. 

Según informó ADN Radio, la investigación permitió acreditar que los recursos fueron utilizados, entre otras operaciones, para pagar un crédito hipotecario, transferir posteriormente un inmueble a un tercero y realizar movimientos financieros y tributarios destinados a disimular el origen del dinero. 

Pagos en efectivo con recursos del Ejército

Los antecedentes sobre el mecanismo de entrega de estos recursos fueron expuestos anteriormente por el Ministerio Público durante la formalización de Izurieta, en enero de 2025. En esa oportunidad, el fiscal Marco Muñoz explicó que existía un sistema denominado “Apoyo a ex comandantes en jefe del Ejército”, mediante el cual se entregaban mensualidades en efectivo, directamente y en sobres cerrados, utilizando gastos reservados de la institución.  

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De acuerdo con las declaraciones del persecutor recogidas por La Tercera y Cooperativa en 2025, Izurieta habría recibido entre $61 millones y $77 millones a través de éste método, dinero que fue destinado al pago de cuotas de un crédito hipotecario asociado a un inmueble que posteriormente generó ingresos de arrendamiento. El fiscal estimó que las ganancias acumuladas por esa propiedad se acercaban a los $170 millones.

Rectificaciones tributarias y la “apariencia de legalidad”

La investigación también apuntó a la utilización del sistema tributario para dar apariencia de legalidad a los recursos. Según explicó Muñoz, el ex uniformado incorporó en sus declaraciones de renta dineros que había recibido bajo el concepto de gastos reservados y que no habían sido declarados en los respectivos períodos tributarios. La finalidad, sostuvo el persecutor, era obtener una validación del Servicio de Impuestos Internos (SII) respecto de esos montos. 

Este mecanismo fue descrito también por BiobioChile, medio que informó sobre las distintas operaciones investigadas, entre ellas el pago de parte de un inmueble en Las Condes con recursos provenientes de gastos reservados, las rectificaciones tributarias y los traspasos patrimoniales. 

A esto se suma el historial de transferencias de propiedades realizadas por Izurieta a integrantes de su familia. En febrero de 2022, Cooperativa reveló que el excomandante había donado bienes raíces a su esposa y sus dos hijas, quienes posteriormente lo nombraron administrador de los inmuebles, permitiéndole continuar vinculado a la gestión y percepción de los ingresos por arriendos. 

¿Qué pena solicita la Fiscalía?

Por otro lado, la defensa de Izurieta cuestionó la imputación, argumentando que su representado no podía ser responsabilizado por el delito precedente de malversación debido a que no estaba a cargo de los fondos cuando se realizaron las entregas investigadas. Sin embargo, el tribunal descartó esta argumentación y estableció su responsabilidad por las operaciones de lavado de activos.

El fiscal Marco Muñoz solicitó ocho años de presidio, una multa de 500 UTM (poco más de $36 millones) y el comiso del inmueble involucrado, además de las ganancias obtenidas mediante su explotación, estimadas en aproximadamente $166 millones, según consignó ADN Radio.

Cabe recordar, que la pena definitiva todavía está pendiente. El tribunal fijó para el próximo 27 de noviembre la audiencia de comunicación de sentencia, instancia en dará a conocer las sanciones que deberá cumplir el exjefe militar. 

Así, el veredicto representa un nuevo capítulo del denominado Milicogate y establece judicialmente la responsabilidad de un antiguo jefe de Ejército por blanquear recursos provenientes de fondos públicos que tenían como finalidad financiar labores de seguridad e inteligencia. 

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