¡La culparon de “provocar” la agresión! Polémica por sanción a funcionaria de la Armada que denunció violación

Durante una ceremonia de promoción en Valdivia, una funcionaria de la Armada acusó haber sido violada por un superior. Pero, contra toda lógica, fue ella quien terminó recibiendo un castigo. La institución argumentó “abuso de confianza” y afirmó que la joven habría “propiciado” la agresión por un baile que consideraron “provocativo”.

El episodio, que destapó la profundidad de los sesgos de género en la vida militar, dio un giro decisivo cuando la Corte de Apelaciones de Valdivia acogió el recurso impulsado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), dejando sin efecto la sanción.

Brutal episodio en la Armada

Fue en noviembre de 2022, en plena ceremonia de ascenso en la Gobernación Marítima de Valdivia, cuando todo ocurrió. Según contó la funcionaria, tomó una bebida que le dieron sus superiores, perdió el conocimiento y despertó confundida, con señales de haber sido víctima de una agresión sexual por parte de un oficial de mayor rango.

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Tras reportar los hechos conforme a los protocolos institucionales, la afectada se vio enfrentada a que la investigación interna orientara sus conclusiones en su contra, desplazando el foco del presunto responsable.

El sumario de la Armada se cerró con un giro tan inesperado como injusto: la responsabilidad recayó sobre la propia denunciante. En sus conclusiones, la institución afirmó que había incurrido en un “abuso de confianza” hacia el oficial y que, con un baile tildado de “provocativo”, habría “propiciado” el ataque sexual.

La medida cayó sobre ella con todo su peso: le retiraron el derecho a portar armas, la alejaron de las guardias y la confinaron a un escritorio. Al final, la institución terminó apuntándola como culpable del mismo abuso que había denunciado. 

La acción del INDH: Violencia institucional y sesgo de género

Fue el INDH quien llevó finalmente el caso a los tribunales. Allí, la Corte de Apelaciones de Valdivia desmontó toda la versión institucional: concluyó que la sanción contra la funcionaria nació del prejuicio y de miradas moralistas que nada tienen que ver con lo que dicta la normativa militar. En otras palabras, la justicia confirmó que ella había sido discriminada.

El tribunal concluyó que el proceso disciplinario configuró violencia institucional de género, al centrarse en evaluar el comportamiento personal de la funcionaria en lugar de analizar de manera adecuada la denuncia de agresión sexual. En su resolución, la Corte calificó aquello como un reproche moral infundado.

Las órdenes de la corte 

• Dejar sin efecto todas las sanciones.
• Restituir sus funciones sin restricciones.
• Borrar cualquier registro administrativo que la perjudique.
• Actualizar los reglamentos internos para ajustarlos a normas antidiscriminatorias.

Sentencia histórica contra la Armada 

Para el INDH, este fallo marca un antes y un después: es la primera vez que un tribunal reconoce abiertamente que una institución militar ejerció violencia de género contra una mujer al culparla de su propia denuncia. 

El caso instala un debate mayor sobre los ritos institucionales, la cultura jerárquica, el consumo de alcohol y la ausencia de protocolos eficaces para resguardar a quienes denuncian dentro de las fuerzas armadas.

Asimismo, se evidencia un patrón previamente advertido por diversas organizaciones feministas y por exmilitares: La inclinación de la institución a cuestionar la credibilidad de las víctimas, evaluar su conducta de manera inapropiada y privilegiar la disciplina interna por sobre los estándares de justicia.