Caso Farmacias Populares: El detalle de los informes policiales que ponen entre las cuerdas a Daniel Jadue
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Daniel Jadue está siendo investigado por la Fiscalía por cohecho, fraude al Fisco y lavado de activos, en medio del caso Farmacias Populares, la que pide su prisión preventiva. Acusaciones que han sido negadas por el alcalde de Recoleta, sin embargo, el Ministerio Público insiste en la responsabilidad penal del militante del Partido Comunista (PC).
La fiscal Giovanna Herrera tuvo acceso a tres informes del OS-7 de Carabineros, en los que detallaron los ingresos y egresos de dinero de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp) y la Municipalidad de Recoleta. Gracias a la investigación de estos, se determinó que existen inconsistencias en el manejo contable de los más de tres mil millones de pesos, los que se manejaban en la asociación.
De acuerdo a lo consignado por La Tercera PM, en "Análisis de Ingresos y Gastos Achifarp" se revisaron datos bancarios de la asociación. En ellos se detectó que los ingresos totales de Achifarp sumaron tres mil 233 millones de pesos entre 2017 y 2022, en los que en su mayoría provienen de entidades públicas con un 81,6%, en menor porcentaje aparecen personas naturales y entidades privadas.
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Respecto a los egresos, se reportó un total de tres mil 557 millones de pesos, principalmente hacia el pago de proveedores con uno 68,1%. Sin embargo, señalaron que "se observa aún pagos sin identificar por parte del Banco Estado, en conjunto con pagos a personas naturales, las cuales no prestaron ningún servicio a través de honorarios o sueldos, tampoco son proveedores, por lo que se desconoce a que corresponden estos pagos".
Pero eso no es todo, pues en las cuentas corrientes de Achifarp también se encontraron inconsistencias durante la investigación por "abono" de entidades públicas y privadas. Es por esto que se concluyó que "en consideración a los antecedentes expuestos y, producto de la revisión efectuada a los fondos recibidos en la cuenta corriente de Achifarp se llega a la conclusión que esta le vendió productos a entes privados y a personas naturales en forma directa, a pesar que no tenía la facultad para realizar este tipo de operaciones".
En este contexto, el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, señaló ante el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago que "durante los años 2020 a 2022, el imputado Daniel Jaude, en su calidad de presidente de la Achifarp como alcalde de la Municipalidad de Recoleta, concertado con los imputados Raúl Daniel Moraga Lagarrigue y José Matías Muñoz Becerra, en su calidad de secretarios ejecutivos de la Achifarp, teniendo a su cargo la gestión y salvaguarda del patrimonio social, realizaron una serie de actuaciones, ejerciendo abusivamente sus facultades, toda vez que actuaron sin autorización ni conocimiento del directorio ni el resto de los socios, contraviniendo el objeto y fines de Achifarp".
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