“Busca amarrar a activistas”: Gobierno saca ronchas en la oposición con medida para asegurar estabilidad laboral

Sin duda, uno de los elementos más discutidos del reajuste al sector público es la denominada “norma de amarre”. La oposición sostiene que esta disposición, incluida por el actual Gobierno, busca acotar la posibilidad de despidos de funcionarios del Estado en el futuro.

El alcance de la medida recae directamente sobre el próximo gobierno que encabezará José Antonio Kast y sacó ronchas en la oposición, que sostiene que se trata de un mecanismo para, según ellos, resguardar a “los amigos y operadores políticos de esta administración”.

¿En qué consiste la norma? 

Aún sin ser presentado oficialmente en el Congreso, el proyecto de reajuste del sector público ya comenzó a generar fracturas. Dos organizaciones de la mesa del sector público decidieron restar su apoyo, argumentando que la propuesta del Gobierno no cumple con sus expectativas.

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No obstante, entre los aspectos que sí concitaron un acuerdo transversal sobresale una norma orientada a asegurar una mayor estabilidad laboral para los trabajadores del sector público.

Se trata de una cláusula que impactaría de forma directa al próximo gobierno de Kast, al establecer límites para la desvinculación de funcionarios públicos. La iniciativa fue impulsada por los propios gremios y no ha estado exenta de controversia.

“La no renovación de contratas o su renovación en condiciones distintas en subsecretarías, servicios públicos dependientes de los ministerios o que se relacionen con el Presidente de la República (segundo piso), delegaciones presidenciales, universidades estatales y municipalidades, se realizará únicamente mediante acto administrativo fundado, sustentado en criterios objetivos y acreditables”, dispone la norma. 

Además, establece que “los funcionarios con, al menos, dos años de servicios continuos podrán reclamar por vicios de legalidad (errores-incumplimientos) por no renovación o renovación en condiciones distintas”.

En ese escenario, la Contraloría sólo quedará facultada para abstenerse de pronunciarse sobre las reclamaciones cuando el afectado haya presentado acciones judiciales por los mismos hechos.

Mecanismo de defensa contra la oposición 

Desde la CUT, su presidente José Manuel Díaz explicó que la norma busca dotar a los trabajadores del sector público de mecanismos de defensa que garanticen procesos de evaluación de desempeño y que “no ocurra lo que pasó en el primer gobierno de Sebastián Piñera”. En ese sentido, explicó que la oposición “viene hace un año fustigando a los funcionarios” y amenazando con “despidos”.

Sumado a eso, detalló que se incorpora “una norma que regula al personal que preste asesoría directa en el gabinete del presidente, ministros, subsecretarios, gobernadores regionales, delegados presidenciales, seremi y jefes superiores de servicios designados por el Presidente”. La disposición fija las condiciones relativas a su modalidad de contratación, las causales de término y el régimen de remuneraciones.

Las críticas de la oposición 

Frente a eso, la oposición no tardó en reaccionar con rechazo a la propuesta, quienes aseguraron que se trata de una que se trata de una “norma de amarre totalmente inaceptable”. 

“Esto supera el espíritu propio de la ley y solo se busca amarrar a activistas y operadores políticos de este Gobierno”, descargó el diputado republicano, Agustín Romero.

El diputado RN Frank Sauerbaum también se sumó a las críticas. Según opinó, una medida como esta genera “una suerte de inamovilidad de los actuales partidarios” del actual gobierno encabezado por el presidente Gabriel Boric. A su juicio, la norma instala una suerte de “corralito” que complicaría incluso la desvinculación de quienes desempeñan cargos de confianza.