Gobierno blinda recursos para las capellanías católica, evangélica y judía de La Moneda en plena ola de recortes

Impacto causó la reciente incorporación al Presupuesto 2027 del Gobierno de José Antonio Kast —quien ha situado su fe católica entre los ejes recurrentes de su discurso público— de una asignación explícita para financiar las capellanías de La Moneda. Y todo en medio de los cuestionamientos por los ajustes fiscales.

Recordemos que la coordinación de los servicios religiosos de Palacio está a cargo de la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos (ONAR), vinculada al Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres). Bajo esa dependencia operan las capellanías católica, evangélica y judía, cuyo financiamiento quedó contemplado en el presupuesto del primer año de la administración.

El proyecto presupuestario asigna a la Segpres la posibilidad de cubrir los servicios religiosos de las tres capellanías de La Moneda mediante recursos contemplados en su gasto en personal. Según consignó La Tercera, esta disposición quedó incorporada en la partida 22 del Presupuesto 2027, en medio de la discusión por los recortes. El texto señala que “se podrá financiar los servicios de asistencia religiosa prestada por las capellanías del Palacio de La Moneda”.

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Dicha partida de “gastos de personal” contempla un presupuesto de $8.744.689.000, aunque el documento no precisa qué parte se destinará a las capellanías ni cómo se distribuirán los recursos. Tampoco aclara si se contratarán nuevos servicios o si el dinero cubrirá a quienes participan en las ceremonias religiosas.

¿Qué dijo la Segpres al respecto? 

Consultada por el citado medio, la Segpres señaló que la inclusión de esta glosa busca ordenar el financiamiento de las capellanías y dejar registro verificable de su gestión, mediante “procedimientos objetivos y trazables para la coordinación de estas actividades”.

A diferencia de los presupuestos de gestiones anteriores, la propuesta para 2027 incluye una disposición que permite destinar recursos al pago de servicios de asistencia religiosa. Hasta ahora, la obligación establecida era reportar cada tres meses al Congreso las actividades realizadas y los gastos asociados.

Finalmente, la cartera sostuvo: “Respecto de los recursos, la glosa establece la posibilidad de financiar estas actividades con cargo al presupuesto disponible, sin que implique un gasto adicional”.

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