Eventuales delitos en reconstrucción bajo la lupa: El nuevo frente judicial que complica a Iván Poduje por obras en El Olivar

La actuación del ministro Iván Poduje en las labores de reconstrucción del sector El Olivar quedó bajo cuestionamiento judicial. De acuerdo con antecedentes difundidos por Radio Biobío, Social Arquitectura ingresó una querella criminal en su contra ante el tribunal de garantía de Viña del Mar.

Además de Poduje, la querella incorpora a otras dos autoridades vinculadas al proceso. Se trata de Marcelo Ruiz, seremi de Vivienda de Valparaíso, y Rodrigo Muñoz, director (s) del Serviu regional, por su eventual intervención en las decisiones que desembocaron en la suspensión de las obras, informó La Cuarta.

Entre los antecedentes expuestos en la acción judicial se plantea que Social Arquitectura y la Constructora San Sebastián fueron desplazadas de programas de reconstrucción habitacional dirigidos a los afectados por el megaincendio de febrero de 2024. La querella atribuye esa situación a decisiones tomadas desde cargos públicos.

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Autoridades habrían utilizado sus cargos

La querella plantea que la exclusión no fue casual, sino el resultado de una serie de actos administrativos que, a juicio de los denunciantes, carecían de sustento jurídico. Asimismo, sostiene que se desarrollaron gestiones para fundamentar el fin de acuerdos contractuales vigentes y facilitar la destrucción de inmuebles.

Érika Maira, abogada de Social Arquitectura, sentenció que la acción judicial fue puesta sobre la mesa por que el Poduje “utilizó el aparato estatal para cometer delitos, interferir ilegalmente en contratos vigentes y dictar resoluciones manifiestamente injustas”.

Los denunciantes sostienen que durante el desarrollo de los hechos ocurrieron prácticas que merecen ser investigadas. Entre los antecedentes señalados figuran supuestas presiones internas en organismos públicos, la posible manipulación de documentos oficiales y acciones que habrían afectado a familias damnificadas, además de eventuales hechos que podrían comprometer recursos fiscales.

Entre las críticas formuladas por los querellantes figura la determinación de frenar la totalidad de las obras. A su juicio, la documentación técnica disponible solo detectaba observaciones específicas que podían ser subsanadas, por lo que no existirían antecedentes suficientes para justificar una suspensión generalizada.

Entre las acusaciones incluidas en la presentación figura la supuesta intervención sobre funcionarios del Serviu para obtener reportes favorables a las decisiones adoptadas por la cartera de Vivienda. El escrito afirma que, producto de esas circunstancias, se habrían confeccionado documentos con inconsistencias en sus fechas y contenidos orientados a justificar la finalización de acuerdos contractuales.

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