Tras ola de reclamos, Quiroz reconoce que también dejaron en cero a deudores del CAE con menores ingresos: ¿Por qué pasó?

El debate por el polémico embargo de la Tesorería General de la República (TGR) a cuentas bancarias de deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) sigue en aumento. Más aún, luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, admitiera que la intervención llegó hasta personas con sueldos por debajo de los $3,5 millones. Algo que, supuestamente, no debía pasar. 

Y es que, tras las acciones de la TGR, los reclamos por cuentas bancarias en cero no hicieron más que aumentar. Ante eso, el Gobierno de José Antonio Kast salió a aclarar que solo los deudores del CAE con remuneraciones superiores a los $3,5 millones serían el foco de dichos embargos. 

Sin embargo, la realidad parece haberse distanciado bastante del relato. Con el paso de las horas, comenzaron a aparecer denuncias en redes sociales de usuarios —con sueldos menores a la cifra establecida por el Ejecutivo—, cuyas cuentas también fueron completamente vaciadas. 

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La justificación de Quiroz 

Ante el revuelo por esta nueva arista de la controversia, se consultó al titular de Hacienda, quien admitió que existen “casos aislados”, los cuales se habrían dado a partir del procedimiento que utiliza la TGR para determinar la situación económica de los deudores.

“Hice la consulta bien específica, corresponde a los ingresos que fueron declarados en la Operación Renta el año pasado y por lo tanto corresponden a ingresos del año 2024”, señaló al respecto, según recogió La Cuarta.

Asimismo, quiso argumentar: “Pudiese ser que hay algunos casos aislados en que el ingreso del 2025 difiere del año 24. O el ingreso actual en los últimos meses difiere del anterior. Ahí puede haber estos casos donde no coincide este límite”.

Quiroz descartó modificar el criterio utilizado hasta ahora y reiteró que el umbral de $3,5 millones permanece vigente. En esa línea, afirmó que no hay órdenes de cobro dirigidas a personas que registren ingresos por debajo de ese nivel. 

A juicio de la autoridad, los episodios criticados corresponden a excepciones y recalcó que, en términos generales, el criterio de los $3,5 millones se ha implementado conforme a lo establecido. Dentro de ese marco, afirmó que el trámite “está muy cuadrado” y que han procedido “con el máximo criterio y con la máxima prudencia”.

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