¡Desató el debate! Protagonista de video sexual de Vitacura interpuso millonaria demanda contra municipalidad

El escándalo que remeció a la Municipalidad de Vitacura sumó un nuevo capítulo. Uno de los involucrados presentó una demanda por $200 millones, tras la polémica desatada por la difusión de un video sexual, episodio que terminó con la destitución de dos trabajadores del municipio.

Todo comenzó cuando ambos funcionarios fueron grabados desde la calle manteniendo relaciones sexuales al interior del edificio municipal. El registro se difundió rápidamente en redes sociales y terminó con un sumario administrativo que se tradujo en la salida de ambos.

La investigación concluyó que los hechos se produjeron en la Oficina de Atención al Vecino del Centro Cívico. Para el municipio, se trató de una falta grave a la probidad; para los funcionarios, de un error que reconocieron y por el que ofrecieron disculpas públicas.

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Ahora, según informó La Tercera, uno de los funcionarios involucrados —un ingeniero informático— acudió el 18 de diciembre al 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, acusando un “daño moral” tras su despido. En tanto, la otra persona no presentó demandas.

La demanda contra Municipio de Vitacura 

En la demanda, el exfuncionario destacó que trabajó en el municipio desde 2016, mencionando proyectos importantes, roles de liderazgo y tareas de capacitación que desempeñó durante ese período.

“Debo agregar que, durante los nueve años de prestación de servicios en la Municipalidad de Vitacura, mantuve una evaluación de excelencia e intachable con nota 7, cumpliendo de forma íntegra con todas las tareas”, señala en el escrito. 

El exfuncionario cuestionó además la legalidad del proceso disciplinario, afirmando que el sumario “se desarrolló de modo absolutamente ilegal, con numerosas arbitrariedades cometidas durante su instrucción, tanto por el fiscal actuante como por la propia alcaldesa doña Camila Merino Catalán”.

Dentro de ese marco, denunció que la alcaldesa Camila Merino habría anticipado públicamente la destitución antes de que concluyera el procedimiento. “Afectando con ello, subjetiva y objetivamente, las defensas que pudiera oponer en el procedimiento disciplinario (…) afectando mi salud psíquica, dañando efectivamente mi honra”, expresó. 

Y no solo eso, sino que el demandante acusa discriminación y vulneración de derechos. “En consecuencia natural del daño psicológico y emocional derivado del estado de constantes tratos vejatorios (…) me ha resentido notablemente en mi autoestima y estabilidad emocional, generándome miedo, estrés y trastornos de ansiedad generalizados”, sentenció. 

Entre las medidas que pide, el ex trabajador exige el pago de $200 millones, una declaración pública donde se reconozca que se vulneró injustamente su integridad psíquica, capacitaciones obligatorias para la alcaldesa y la circulación interna de un documento que reconozca la vulneración de sus derechos. La demanda sigue su curso y el municipio ya fue notificado.

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