Presentan demanda colectiva por los embarazos que causaron anticonceptivos defectuosos

La Conadecus acusó a los laboratorios Silesia y Andrómaco de vulnerar el derecho a la seguridad en el consumo al elaborar y distribuir productos fallidos.


Tras conocerse que al menos 111 mujeres quedaron embarazadas tras ingerir comprimidos defectuosos del anticonceptivo Anulette CD 1, la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus) presentó una demanda colectiva contra los dos laboratorios que fabrican la pastilla, Silesia y Andrómaco.


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La acción presentada el 28 de marzo ante el Quinto Juzgado Civil de Santiago acusa a las empresas de vulnerar el derecho a la seguridad en el consumo al elaborar y distribuir productos fallidos, consignó La Tercera.


"Los defectos de fabricación consistieron en groseras negligencias incurridas en el envasado de las píldoras (entre ellas, la sustitución de comprimidos activos por placebos), que generaron la interrupción del tratamiento anticonceptivo, tal como el Instituto de Salud Pública lo estableció en la sanción aplicada a los laboratorios", detalla el escrito.


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La demanda añade que la mayoría de las afectadas recibieron los anticonceptivos a través del Sistema de Salud Público, y además, gran parte de ellas son jóvenes estudiantes o trabajadoras de precaria situación económica y sin redes de apoyo suficientes, por lo que se prevé que estos embarazos no deseados hagan cambios dramáticos en sus vidas.


"Esta demanda no sostiene en caso alguno que el futuro nacimiento de un niño o niña sea un daño indemnizable, pues la vida humana no puede ser considerada un perjuicio. Lo que se exige es la reparación de las consecuencias patrimoniales y morales derivadas de la privación del derecho de toda mujer a auto determinarse reproductivamente, derecho que la acción negligente de los demandados les arrebató", explica la acción civil.


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La Conadecus pide la indemnización de los daños derivados en los gastos del embarazo y del parto; los gastos de crianza, mantención y educación de los hijos; la pérdida de ingresos por tanto el embarazo como del nacimiento -en el caso de aquellas que deban dejar de trabajar-; el daño moral por el detrimento de su integridad psíquica y de su autonomía reproductiva.


En cuanto al monto que represente aquellas compensaciones, el escrito precisa que se ordenarán peritajes, que luego deben ser calculados por el tribunal, aunque estimaciones preliminares de la corporación indican que el daño total por cada víctima se avalúa en cerca de 286 millones de pesos.


La abogada María Jimena Orrego, quien patrocina esta demanda colectiva, manifestó que "estas acciones se han planteado en único beneficio de los cientos de mujeres víctimas de estos productos defectuosos, que han sido vulneradas en su autonomía reproductiva, imponiéndoles un embarazo que no deseaban".


Cabe recordar que en febrero pasado, el ISP ya obligó a los laboratorios a pagar 66 millones de pesos por estos casos. El Grupo Grünenthal, al que pertenecen ambas empresas, aún tiene pendiente responder a la acción judicial.

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