Pleno de la Convención rechazó el “trabajo decente” y cupo reservado a discapacitados

Convención Constitucional.

La Comisión de Principios Constitucionales logró pasar al borrador tratados internacionales, derecho a la no devolución de migrantes y garantías a menores.

Convención Constitucional.
Convención Constitucional.

La Comisión de Principios Constitucionales, Nacionalidad y Ciudadanía, expuso ante el pleno de la Convención Constitucional, donde tenían la última oportunidad de ser aprobadas sus propuestas para la redacción de la Nueva Constitución. Las ideas fuerza que los promotores defendían eran el derecho a un trabajo decente, el principio de no devolución de migrantes hacia su país si es que su vida corría peligro y derechos de niños y discapacitados.

Pese a eso, buena parte de la discusión se la llevó el principio de plurinacionalidad del Estado, que no era fundamental incluir en el texto. “Ya se había aprobado en la Comisión 1 y por eso muchos la rechazaron, para evitar que se repitiera. Ya verá la Comisión de Armonización dónde la ubica, al principio, o en Sistema Político”, explicó tras las votaciones una de las coordinadoras, Lorena Céspedes (Indep. por una Nueva Constitución).

“El texto persiste en dividir y condenar al subdesarrollo, debilita la democracia”, expresaba Martín Arrau (Chile Libre) a lo que Jorge Baradit (Frente Amplio) refutaba que: “La propuesta de Constitución dice que somos todos chilenos, que el país es uno e indivisible, no es cierto lo que dicen”. “Robustece la democracia”, señalaba Carolina Videla (Chile Digno); y “son privilegios” para estos pueblos, decía Pollyana Rivera (Unidos por Chile).

Lo que si pasó al borrador fueron las normas establecidas en los tratados internacionales de Derechos Humanos, ratificados por Chile y el consuetudinario, forman parte integral de esta Constitución. “Esto cubre cualquier omisión e imperfección en la que hayamos incurrido como Convención”, manifestó Roberto Celedón (Chile Digno).

Por otro lado, el derecho a un “trabajo decente” era un nombre llamativo para un artículo que en su primer inciso incluía la labor del Estado en promover la protección del trabajo y su libre elección, la generación de oportunidades laborales y estabilidad en el empleo, la libertad sindical y el diálogo social, aristas que no lograron la aprobación final.

En tanto, el tema de inmigración volvió a ser tratado en el Pleno, aunque no se votó, pues no hubo propuesta renovada, respecto del derecho a migrar, por falta de acuerdo dentro de la Comisión.

Es una lástima, pero los derechos al asilo y a la no devolución, al menos, se aprobaron”, declaró Céspedes. La idea igual podría ser norma constitucional si ingresa en las propuestas de la Comisión de Derechos Fundamentales o, en último caso, si está consagrado en un tratado internacional.

Sobre el principio de la no devolución, quedó establecido que basta con que el migrante sea solicitante de asilo o refugiado para tener derecho a no ser regresado por la fuerza a las fronteras del estado donde su vida o libertad puedan verse amenazadas.

También se rechazó el texto que indicaba que el actuar del Estado es neutral entre las diversas convicciones y creencias religiosas. Luciano Silva (Indep.-RN-Evópoli), incluso, aseguró que la norma afectaría la libertad de los padres de elegir la educación de los hijos.

En temas de discapacidad hubo menos discusión: se dio luz a que se garantice, en diferentes artículos, un sistema nacional que elabore y coordine las políticas de trabajo, educación, vivienda, salud y cuidado de estas personas, así como su participación activa e incluso el derecho a comunicarse a través de sus lenguas. Sin embargo, no se aceptó que el estado garantice su representación en cargos de elección popular con escaños reservados o cuotas.

Asimismo, hubo acuerdos en temas de niños, niñas y adolescentes. Se garantizará su derecho a vivir en condiciones familiares y ambientales que les permitan el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad y queda en la norma que el Estado deberá evitar que sean separados de sus familias, salvo como medida temporal. Se establece también un sistema de protección integral.

Como balance de toda la labor, la coordinadora Loreto Vallejos (Pueblo Constituyente) expresó que “estamos muy contentas porque nunca se han tratado estos temas en constituciones previas. Si la Constitución se aprueba, estarán protegidos los derechos de los que hoy son los más vulnerados por los sistemas y las políticas públicas”.

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