Clínica la acusó ante tribunal: La razón por la que una madre rechazó vacunar a su bebé y terminó ante la justicia

Recientemente, la justicia zanjó una controversia médica y ordenó que un recién nacido sea vacunado sin demora. Y todo luego de que su madre intentara retrasar la aplicación de las inmunizaciones contempladas como obligatorias para los menores.

¿Por qué la madre rechazó vacunas para su bebé?

Según detalló Meganoticias, el conflicto se inició tras el nacimiento del menor en la Clínica Dávila, cuando su madre decidió no autorizar las primeras inmunizaciones. Se trata de las vacunas contra la tuberculosis y la Hepatitis B, incluidas dentro del esquema obligatorio que deben recibir los recién nacidos en Chile.

De acuerdo con el citado medio, la negativa de la madre llevó a la clínica a recurrir a los tribunales, argumentando que debía priorizarse la protección del pequeño. El recinto cuestionó que existiera fundamento médico para rechazar las vacunas, especialmente porque la mujer había autorizado previamente la administración de Nirsevimab contra el virus sincicial.

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La mujer explicó que su negativa no era definitiva, sino que pretendía postergar las vacunas hasta que su hijo tuviera mayor edad. Como antecedente, señaló que el menor nació prematuramente mediante una cesárea de emergencia y presentó bajo peso, por lo que solicitaba una evaluación médica especializada antes de inmunizarlo.

La tajante decisión de los tribunales 

Así, tras un recorrido por las  instancias judiciales de Santiago, la Corte Suprema terminó inclinando la balanza en favor de la protección sanitaria, estableciendo que las preocupaciones de los progenitores no pueden anteponerse al bienestar del menor ni a la salud colectiva.

La resolución judicial concluyó que no había antecedentes clínicos que justificaran aplazar la inmunización del recién nacido. Además, se precisó que la condición de prematuridad no modifica el calendario, por lo que las vacunas deben administrarse considerando la edad cronológica del menor.

Al final, se estableció un plazo de cinco días hábiles para que el menor fuera llevado por su madre a un vacunatorio público. Si la orden no es acatada, la normativa permite solicitar intervención policial para asegurar que el bebé sea inmunizado.

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