Las competencias que tiene el Tribunal Constitucional a propósito de las "40 horas"

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
El Gobierno se ha mostrado dispuesto no solamente llevar un proyecto hasta el Tribunal Constitucional sino varios, una situación criticada por la oposición.

El Gobierno ha manifestado en reiteradas ocasiones que está dispuesto a llevar el proyecto de reducción de la jornada laboral a 40 horas hasta el Tribunal Constitucional (TC) , en caso que siga avanzando en el Congreso.

Esto porque sostienen que se trata de una iniciativa insconstitucional e irresponsable. Pese a que se habla mucho del Tribunal Constitucional, no todos conocen cuales son las competencias que tiene esta instancia en el país.

De acuerdo a la página del TC dentro de sus competencia se encuentra "Atribuciones de control de constitucionalidad: el Tribunal Constitucional realiza control preventivo y posterior de preceptos legales (incluidos los decretos con fuerza de ley); en este último caso, ya sea por la vía de requerimientos de inaplicabilidad o de acciones de inconstitucionalidad".

A lo que se agrega que "los controles preventivos se clasifican en facultativos (a requerimiento del Presidente de la República, de las Cámaras o de una parte de sus miembros en ejercicio) y obligatorios (respecto de leyes interpretativas de la Constitución, leyes orgánicas constitucionales y tratados internacionales que contengan normas propias de este último tipo de leyes)".

A su vez "El Tribunal también controla, en forma preventiva y facultativa, los proyectos de reforma constitucional y los tratados internacionales sometidos a la aprobación del Congreso. Asimismo, ejerce control preventivo y posterior de normas propias de la potestad reglamentaria (decretos y resoluciones). Finalmente resuelve cuestiones de constitucionalidad relativas a autos acordados emanados de los Tribunales Superiores de Justicia (Corte Suprema y Cortes de Apelaciones) y del Tribunal Calificador de Elecciones".

También el TC puede dar "Solución de contiendas de competencia: resuelve este tipo de contiendas suscitadas entre las autoridades políticas y administrativas y los tribunales de justicia que no correspondan al Senado".

A lo que suma "Pronunciamiento sobre inhabilidades, incompatibilidades, renuncias y causales de cesación en el cargo de los titulares de ciertos órganos como es el caso del Presidente de la República, los Ministros de Estado y los parlamentarios".

La última de sus competencias tiene relación con el "Pronunciamiento sobre ilícitos constitucionales: Declara la inconstitucionalidad de organizaciones, movimientos o partidos políticos, como del Presidente de la República en ejercicio o del electo, que hubiesen incurrido en los ilícitos constitucionales que prevé la Constitución en su art. 19 Nº 15, incisos sexto y siguientes".