Gobierno rechazó algunas observaciones del informe ONU

Desde La Moneda advirtieron a la ONU sobre la difusión de "noticias falsas" en contra del Gobierno.


El Gobierno de Sebastián Piñera "agradeció" el informe dado a conocer este viernes por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU (liderado por Michelle Bachelet) respecto a la situación generada tras el estallido de la crisis social.

Sin embargo, el Ejecutivo planteó algunas "precisiones" al mismo, y alertó sobre la enorme difusión de "noticias falsas" en medio del caos.

El texto -de 35 páginas- informó "un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos", que incluyen "uso excesivo o innecesario de la fuerza que resultaron en la privación arbitraria de la vida y en lesiones, la tortura y malos tratos, la violencia sexual y las detenciones arbitrarias".

La Moneda recibió el documento hace dos días, y respondió con un texto de cinco páginas, en el que afirma que "el Gobierno de Chile agradece a la OACNUDH por la celeridad con la que concretó su visita y por la disposición que tuvo su Misión para recabar informaciones, tanto del Gobierno como de la sociedad civil".

"Las orientaciones y recomendaciones OACNUDH son bienvenidas, ya que tienen como objetivo mejorar prácticas en materia de derechos humanos, siendo estos una prioridad para el Estado de Chile. Sus recomendaciones contribuirán al análisis integral a que estamos abocados, en esta importante materia", indica.

Además, advierte la necesidad de "validar las fuentes de información" respecto a las denuncias de apremios ilegítimos y crímenes de lesa humanidad.

"En algunos casos, el Informe afirma la existencia de violaciones de derechos humanos antes de que concluyan las investigaciones en curso, en el marco del Estado de Derecho y la institucionalidad democrática del país. En ese sentido, el Gobierno reitera la importancia de validar las fuentes de información, pues se han corroborado un gran número de noticias falsas profusamente divulgadas, pese a ser descartadas por el Ministerio Público o los Tribunales de Justicia", indica el Ejecutivo.

La respuesta del Gobierno formula una serie de "precisiones" a lo indicado en el informe Bachelet.

"En relación a la afirmación de 26 muertes ocurridas en el contexto de las protestas, cabe señalar que de esas 4 podrían atribuirse a agentes del Estado, tal como lo señala el Informe. Los demás casos corresponden a fallecimientos atribuibles a otras causas, la mayoría de los cuales ocurrieron en el contexto de saqueos e incendios y no tienen relación alguna con las manifestaciones pacíficos. Todos los cuales están siendo investigados por el Ministerio Público", advierte.

En relación con las lesiones oculares, indica que "el Informe no incluye las cifras entregadas por el Ministerio de Salud, proporcionadas por la Unidad Trauma Ocular del Hospital El Salvador. Entre el 18 de octubre y 02 de diciembre se han atendido a 239 pacientes, de los cuales 16 han sufrido pérdida total de la visión un ojo y 75 tienen visión normal. 148 pacientes están en evaluación de recuperabilidad. Adicionalmente, el Gobierno lamenta profundamente el caso de dos personas que han perdido completamente la visión en sus dos ojos".

El Gobierno cuestiona el uso del término "ejecuciones extrajudiciales".

A su juicio, "no corresponde utilizar esta figura en un país donde funciona plenamente el Estado de Derecho, pretendiendo involucrar a dos agentes del Estado imputados como autores del delito de homicidio y cuya investigación está en manos del Ministerio Público. Sólo se establecerá su veracidad en la sentencia judicial correspondiente".

La Moneda también responde a las versiones sobre hostigamiento a líderes estudiantiles.

"El Informe hace referencia a un único caso, que corresponde a una estudiante aprehendida por el quebrantamiento del toque de queda, no existiendo antecedentes que permitan afirmar que existió hostigamiento", explicaron.

También se impugna lo señalado en relación con las personas detenidas en las protestas; muchos de ellos "jóvenes sin antecedentes penales": "Cabe precisar que 78% de los casos registran al menos una detención previa. Además, 81% de los detenidos por saqueos había sido arrestado al menos una vez antes y 63% de los detenidos por desórdenes había sido detenido con anterioridad".

En cuanto a las aprehensiones arbitrarias, "cabe clarificar que el 95,1% de todas las detenciones efectuadas desde el 18 de octubre han sido declaradas legales por los Tribunales de Justicia".

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