“Tienen que pagar como adultos”: Camila Flores se suma al respaldo de penas más duras para adolescentes por delitos graves

La senadora Camila Flores se alineó con la reforma que el Ejecutivo pretende impulsar en materia de responsabilidad penal adolescente. La iniciativa fue comunicada por el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, quien confirmó que el Gobierno de José Antonio Kast promoverá cambios a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

A juicio de la legisladora, los menores de edad que participen en delitos de mayor gravedad deben enfrentar un régimen sancionatorio más estricto, al considerar que la respuesta del sistema penal debe guardar proporción con la gravedad de los delitos.

En ese sentido, según lo recogido por ADN Radio, la parlamentaria —quien actualmente se encuentra siendo investigada por eventuales delitos de fraude al fisco— sentenció: “Los adolescentes que cometan delitos graves que actúen como adultos tienen que pagar como adultos”.

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En ese contexto, la legisladora opinó que el incremento de los delitos graves protagonizados por adolescentes exige una respuesta del Estado y destacó la decisión del Gobierno de promover cambios a la legislación vigente. “Es necesario que tengan penas atribuibles tan graves como los delitos que están cometiendo”, sostuvo.

Apuntó a aumento de crímenes en adolescentes

Asimismo, Camila Flores valoró el apoyo entregado por el Ejecutivo y por el ministro Arrau a la reforma, asegurando que esta permitiría aplicar sanciones de mayor entidad a adolescentes involucrados en delitos de especial gravedad.

Para la parlamentaria, el debate sobre esta reforma no puede desligarse del escenario de seguridad que enfrenta el país, por lo que llamó a abordar el problema con cambios concretos a la normativa vigente. “No podemos seguir desconociendo esta realidad país que tenemos, y que es que cada día más jóvenes cometen delitos graves y tienen que pagar por eso”, afirmó.

Cabe destacar, que la iniciativa forma parte del paquete de medidas en materia de seguridad impulsado por el Ejecutivo, cuyo objetivo es reforzar la persecución de los delitos violentos e introducir modificaciones al marco legal que regula la responsabilidad penal de los adolescentes involucrados en los casos más complejos.

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