Escándalo en Rancagua: Alumnas de colegio alzaron la voz y denunciaron red de pornografía infantil manejada por escolares

Gracias a la denuncia hecha por las propias alumnas del Colegio Marista de Rancagua, en la Región de O’Higgins, se dio a conocer un preocupante caso que incluiría una presunta red de pornografía infantil. 

A través de un comunicado, recogido por La Cuarta, las estudiantes del recinto escolar acusaron: “Hace aproximadamente un mes comenzó a circular en nuestra institución la existencia de una red de pornografía infantil dentro de nuestro colegio”.

“Esta operaba mediante la venta de material visual de alumnas menores de edad, exponiendo y vulnerando su intimidad en el ámbito sexual, además de difundir fotografías íntimas de ellas”, agregaron. ¿Lo más insólito? De acuerdo con la denuncia, alumnos del mismo colegio estarían detrás de la red. 

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Dentro de ese marco, las escolares sentenciaron: “Nos parece inaceptable que en el año 2026 sigamos enfrentando hechos que vulneran sexualmente a la mujer. Esto confirma una realidad que muchas denunciamos constantemente: la violencia contra la mujer existe, sigue presente y hoy, lamentablemente, vuelve a manifestarse en nuestro espacio y entre nuestra propia gente”. Asimismo, apuntaron al hecho de que los artífices tras polémica “continúen presentes en los mismos patios y salas que muchas de las víctimas”.

¿Qué dijo el colegio al respecto? 

Frente a la controversia y el revuelo mediático, la dirección del Colegio Marista de Rancagua se manifestó en apoyo de las estudiantes. “La preocupación por la seguridad e integridad de sus compañeras es legítima, y la compartimos plenamente”, partieron manifestando, según recogió el citado medio. 

“Ninguna forma de vulneración a la dignidad o la intimidad de un integrante de nuestra comunidad -particularmente de nuestras niñas y jóvenes- tiene cabida en un colegio que se define, desde su identidad marista, por el cuidado y la protección de cada persona”, agregaron, señalando que los antecedentes “se encuentran en manos del Ministerio Público y la Superintendencia de Educación”.

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