Alcalde de Talca golpea la mesa: Gobierno en la mira tras acusaciones por falta de comunicación en Operación Cancerbero

El traslado masivo de reos de alta peligrosidad al Complejo Penitenciario La Laguna —mediante la mediática Operación Cancerbero—, no solo trajo serios cuestionamientos a las intenciones gubernamentales, sino que también a su forma de proceder con el operativo. 

En entrevista con el programa Desde la Redacción de La Tercera, el alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz (RN), detalló toda su molestia con el despliegue, acusando que fue a través de la prensa y no en palabras del Ejecutivo que se enteró del perfil de alta peligrosidad de los reclusos. 

La planificación conocida hasta entonces contemplaba una puesta en marcha acotada al ámbito regional. De acuerdo con el jefe comunal, la cárcel, diseñada para albergar hasta 2.300 reclusos, inicialmente concentraría internos procedentes de Talca y otras comunas del Maule. 

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Alcalde apunta a falta de comunicación crucial

El alcalde reconoció que la cárcel reúne condiciones adecuadas y que su funcionamiento responde a una necesidad a nivel país. No obstante, manifestó su molestia por la falta de coordinación con las autoridades locales y porque no existiría una estrategia definida para abordar el impacto que la medida podría generar en la comuna. 

Para Díaz, la principal falencia estuvo en la falta de aviso previo respecto de qué tipo de internos serían trasladados al recinto. En ese sentido, el edil pidió corregir esta situación mediante una coordinación que permita reforzar la seguridad de los habitantes de la zona.

“El no informarnos... Nosotros no queríamos saber los detalles porque entendemos que esto requiere máxima discreción por temas de seguridad, pero sí saber que van reos de alta peligrosidad y que para eso se van a tomar medidas de mitigación en el entorno inmediato y en la ciudad”, afirmó al citado medio. 

Díaz señaló que, luego de la inauguración del penal, conversó personalmente con el presidente José Antonio Kast. Según su versión, el mandatario se comprometió a disponer en un máximo de 30 días un refuerzo de seguridad, con mayor presencia policial para enfrentar el eventual impacto del recinto.

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